En Europa hay más de seis millones de ciudadanos pertenecientes a la comunidad gitana que sufren exclusión o discriminación. Con frecuencia aparecen en los medios de comunicación por situaciones conflictivas y en los últimos años han visto con temor cómo el racismo y la xenofobia se incrustaban en el discuro político de la mano de la extrema derecha. La Tercera Cumbre Europea sobre Población Gitana ha permitido constatar que Europa tiene en la integración del colectivo gitano una asignatura pendiente en la que muchos países merecen un clamoroso suspenso.
En la cumbre se presentó por primera vez un informe pormenorizado sobre los avances en cada uno de los 28 países miembros. Aunque se constatan mejoras puntuales muy encomiables, la valoración de conjunto es que las políticas aplicadas hasta ahora han tenido un impacto muy reducido. Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, con porcentajes de población gitana que oscilan entre el 7% y el 10%, son los que exigen una acción más decidida por parte de la Unión Europea. No solo deben destinarse más recursos, sino que también es preciso revisar las políticas que se aplican a nivel local, pues algunas de ellas son claramente ineficientes. Algunos países dedican los fondos que reciben a programas de escolarización en centros segregados. Para evitar que los niños gitanos perturben el progreso académico de los demás, se les condena a un círculo vicioso del que difícilmente saldrán. Al escolarizarse tarde y mal, no alcanzan la formación necesaria para acceder a un trabajo, con lo que acaban viviendo en guetos y de actividades marginales o fuera de la legalidad.
Como se ha demostrado en España, citada en ocasiones como ejemplo, las políticas de integración deben ser transversales y tratar de normalizar la vida en todos los aspectos, empezando por la escuela y la vivienda. Este planteamiento es el que ha permitido en España que todos los niños gitanos acaben la primaria y un alto porcentaje también la secundaria. En 1978, el 75% de las familias gitanas españolas vivían en barracas o infraviviendas. Ahora son menos del 10% y en la mayoría de los casos se trata de familias llegadas de los países del Este, el nuevo reto que ahora tiene España.
En todo caso, no hay que olvidar que estas políticas de integración no son solo necesarias en términos de justicia social y respeto a los derechos humanos, sino eficientes desde el punto de vista del progreso material del conjunto de la sociedad.
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